Hace cuarenta años exactos, España afrontaba un periodo agitado y lleno de incertidumbres como fue el periodo de la Transición. Pero dentro de ella, la semana que transcurrió entre el 23 y el 30 de enero de 1977 fue sin duda la más convulsa, teñida de rojo sangre y de un negro de miedo que envolvió Madrid.
Las bandas terroristas ETA y el GRAPO continuaban con su escalada de la violencia –éstos últimos habían secuestrado en el mes de diciembre de 1976 al Presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y en enero de 1977 hicieron lo mismo con el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Emilio Villaescusa. Además, de fondo se oía el ruido de sables de militares descontentos con la situación del país, acechando para dar un golpe de Estado; numerosas huelgas y protestas de trabajadores de todos los sectores reclamando libertad y reconocimiento social eran un dolor de cabeza para el incipiente y frágil gobierno de Suárez y añadiendo más leña al fuego, la extrema derecha se hacía presente y visible dejando tras de sí un rastro de sangre y al mismo tiempo poniendo los clavos de su propio ataúd.
El 23 de enero, mientras participaba en una manifestación a favor de la amnistía, pistoleros vinculados a Guerrilleros de Cristo Rey –o a la Triple A, según diversas fuentes- irrumpieron armados en la marcha y asesinaron a Arturo Ruiz, de tan solo 19 años. Al día siguiente, la indignación por este hecho hizo que más de 100.000 personas participaran en las diversas manifestaciones y un número similar de universitarios hicieron paros totales de sus clases. Pero la represión policial también se manifestó con crudeza con el resultado de la muerte de María Luz Nájera cuando fue alcanzada en la cabeza por un bote de humo. Hubo también 12 heridos de diversa consideración debido a la actuación de la policía.
Al día siguiente se produjo uno de los sucesos que tuvo mayor impacto en la opinión pública española, como fue el atentado de los abogados laboralistas en Madrid, que se saldó con cinco fallecidos y cuatro heridos graves, y que estuvo realizado por miembros de Fuerza Nueva. Todos los abogados pertenecían al PCE y a CC.OO., y aunque el atentado fue reivindicado en un primer momento por la Triple A –Alianza Apostólica Anticomunista-, investigaciones posteriores determinaron que habían sido personas relacionadas con Fuerza Nueva. Dos de los miembros detenidos, F. Albaladejo y L. Jiménez, habían sido colaboradores en diversas tareas de la Guardia Civil, y además, el primero de ellos había sido nombrado secretario del Sindicato Provincial de Transportes de Madrid. En total fueron condenados siete ultraderechistas de Fuerza Nueva, Falange Española y la Guardia de Franco, que poseían importantes conexiones con determinados miembros policiales. Los autores materiales, J. Fernández Cerrá y C. García Juliá fueron condenados a 163 años de cárcel cada uno; F. Albaladejo a 63 años; L. Jiménez Caravaca a 4 años de cárcel –éstos dos últimos fallecieron en 1985-; y a Gloria Herguedas Herrando –novia de Fernández Cerrá- a un año como encubridora de los hechos. Otros participantes en el atentado fueron Simón Ramón Fernández Palacios –fallecido en abril de 1979- y Lerdo de Tejada –cuya madre era la secretaria personal de Blas Piñar-, se fugó gracias a un permiso de libertad extraordinario concedido por el juez que investigaba los hechos, Rafael Gómez Chaparro.
La base de este atentado, más allá de cuestiones ideológicas, formaba parte de la llamada «estrategia de tensión» que realizaron numerosos grupos de extrema derecha en la Europa de los años setenta, especialmente en Italia. Utilizando el terror como arma se buscaba crear un clima de desestabilización política y social que provocara en el caso italiano la caída del PCI. Aquí en España, el objetivo era favorecer un golpe de Estado que pusiera fin a la Transición y restituyera a los militares en el poder. Para ello era necesario provocar una reacción virulenta por parte del PCE, todavía ilegal en enero de 1977. A gran escala ese era el fin último del atentado. Por ello, el objetivo eran estos abogados laboralistas, que ofrecían sus servicios de forma gratuita en muchos casos y asesoraban a sindicatos que estaban a la sombra del todavía presente Sindicato Vertical de origen falangista.
Sin embargo, el duelo mostrado en el cortejo fúnebre de los abogados asesinados fue todo lo contrario de lo que pretendió la extrema derecha. Alrededor de 200.000 personas se manifestaron atendiendo a consignas de silencio total, calma y serenidad, añadiendo el hecho curioso de que la seguridad del acto estuvo a cargo de miembros del PCE, a cuyas órdenes se puso la propia policía. Aún así, se produjo un gran despliegue policial durante el cortejo fúnebre, incluyendo helicópteros o policías apostados en terrazas. También se debe destacar a las personalidades que acudieron a la capilla ardiente, tanto representantes provinciales de los Colegios de Abogados; el decano del Colegio de Abogados de Madrid, A. Pedrol, o el presidente del Consejo General de la Abogacía; como la presencia de políticos de la oposición: F. González, J. Satrústegui, E. Tierno Galván o S. Carrillo, secretario general del PCE.
La masiva y serena manifestación de duelo y dolor puso sin duda en un brete al Gobierno de Suárez en lo relativo a la legalización del PCE. Se hacía muy necesario que el partido fuera legalizado, en tanto en cuanto había manifestado su fuerza en las calles de forma pacífica en un contexto de violencia, puesto que habían sido asesinados compañeros de la organización y era bastante fácil que se buscara un ajuste de cuentas o una venganza en caliente. Por ello se debe destacar este hecho a su favor cuando finalmente el PCE fue legalizado el 9 de abril de 1977, dos meses y medio después de tan trágico suceso.
Es reseñable también apuntar a las conexiones internacionales de este atentado, especialmente con Italia ya que una de las armas utilizadas por los asesinos de los abogados de Atocha era un subfusil Ingram conocido popularmente como «Marietta». Y es que a inicios de los años setenta, una partida de estas armas perteneciente a la policía española fue desviada hacia grupos de extrema derecha italianos, usándose para asesinar al juez Vittorio Occorsio en el verano de 1976. Y atendiendo a las pruebas periciales de la policía sobre las armas usadas contra los abogados de Atocha, algunos agentes establecieron paralelismos con atentados llevados a cabo en Italia, pero antes de que pudieran concluir sus informes fueron apartados y destituidos de sus cargos.
Sin duda, estos hechos de finales de enero de 1977 supusieron un obstáculo enorme en el pedregoso camino de la Transición cuyo final pacífico no se vislumbraba. La violencia, la muerte y el miedo se instalaron en la sociedad española, que demostró que el terror no iba a amedrentarla en el ansiado camino hacia la democracia, la justicia, la paz y la libertad.
