DE ROJO Y NEGRO

Hace cuarenta años exactos, España afrontaba un periodo agitado y lleno de incertidumbres como fue el periodo de la Transición. Pero dentro de ella, la semana que transcurrió entre el 23 y el 30 de enero de 1977 fue sin duda la más convulsa, teñida de rojo sangre y de un negro de miedo que envolvió Madrid.

Las bandas terroristas ETA y el GRAPO continuaban con su escalada de la violencia –éstos últimos habían secuestrado en el mes de diciembre de 1976 al Presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y en enero de 1977 hicieron lo mismo con el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Emilio Villaescusa. Además, de fondo se oía el ruido de sables de militares descontentos con la situación del país, acechando para dar un golpe de Estado; numerosas huelgas y protestas de trabajadores de todos los sectores reclamando libertad y reconocimiento social eran un dolor de cabeza para el incipiente y frágil gobierno de Suárez y añadiendo más leña al fuego, la extrema derecha se hacía presente y visible dejando tras de sí un rastro de sangre y al mismo tiempo poniendo los clavos de su propio ataúd.

El 23 de enero, mientras participaba en una manifestación a favor de la amnistía, pistoleros vinculados a Guerrilleros de Cristo Rey –o a la Triple A, según diversas fuentes- irrumpieron armados en la marcha y asesinaron a Arturo Ruiz, de tan solo 19 años. Al día siguiente, la indignación por este hecho hizo que más de 100.000 personas participaran en las diversas manifestaciones y un número similar de universitarios hicieron paros totales de sus clases. Pero la represión policial también se manifestó con crudeza con el resultado de la muerte de María Luz Nájera cuando fue alcanzada en la cabeza por un bote de humo. Hubo también 12 heridos de diversa consideración debido a la actuación de la policía.

Al día siguiente se produjo uno de los sucesos que tuvo mayor impacto en la opinión pública española, como fue el atentado de los abogados laboralistas en Madrid, que se saldó con cinco fallecidos y cuatro heridos graves, y que estuvo realizado por miembros de Fuerza Nueva. Todos los abogados pertenecían al PCE y a CC.OO., y aunque el atentado fue reivindicado en un primer momento por la Triple A –Alianza Apostólica Anticomunista-, investigaciones posteriores determinaron que habían sido personas relacionadas con Fuerza Nueva. Dos de los miembros detenidos, F. Albaladejo y L. Jiménez, habían sido colaboradores en diversas tareas de la Guardia Civil, y además, el primero de ellos había sido nombrado secretario del Sindicato Provincial de Transportes de Madrid. En total fueron condenados siete ultraderechistas de Fuerza Nueva, Falange Española y la Guardia de Franco, que poseían importantes conexiones con determinados miembros policiales. Los autores materiales, J. Fernández Cerrá y C. García Juliá fueron condenados a 163 años de cárcel cada uno; F. Albaladejo a 63 años; L. Jiménez Caravaca a 4 años de cárcel –éstos dos últimos fallecieron en 1985-; y a Gloria Herguedas Herrando –novia de Fernández Cerrá- a un año como encubridora de los hechos. Otros participantes en el atentado fueron Simón Ramón Fernández Palacios –fallecido en abril de 1979- y Lerdo de Tejada –cuya madre era la secretaria personal de Blas Piñar-, se fugó gracias a un permiso de libertad extraordinario concedido por el juez que investigaba los hechos, Rafael Gómez Chaparro.

La base de este atentado, más allá de cuestiones ideológicas, formaba parte de la llamada «estrategia de tensión» que realizaron numerosos grupos de extrema derecha en la Europa de los años setenta, especialmente en Italia. Utilizando el terror como arma se buscaba crear un clima de desestabilización política y social que provocara en el caso italiano la caída del PCI. Aquí en España, el objetivo era favorecer un golpe de Estado que pusiera fin a la Transición y restituyera a los militares en el poder. Para ello era necesario provocar una reacción virulenta por parte del PCE, todavía ilegal en enero de 1977. A gran escala ese era el fin último del atentado. Por ello, el objetivo eran estos abogados laboralistas, que ofrecían sus servicios de forma gratuita en muchos casos y asesoraban a sindicatos que estaban a la sombra del todavía presente Sindicato Vertical de origen falangista.

Sin embargo, el duelo mostrado en el cortejo fúnebre de los abogados asesinados fue todo lo contrario de lo que pretendió la extrema derecha. Alrededor de 200.000 personas se manifestaron atendiendo a consignas de silencio total, calma y serenidad, añadiendo el hecho curioso de que la seguridad del acto estuvo a cargo de miembros del PCE, a cuyas órdenes se puso la propia policía. Aún así, se produjo un gran despliegue policial durante el cortejo fúnebre, incluyendo helicópteros o policías apostados en terrazas. También se debe destacar a las personalidades que acudieron a la capilla ardiente, tanto representantes provinciales de los Colegios de Abogados; el decano del Colegio de Abogados de Madrid, A. Pedrol, o el presidente del Consejo General de la Abogacía; como la presencia de políticos de la oposición: F. González, J. Satrústegui, E. Tierno Galván o S. Carrillo, secretario general del PCE.

La masiva y serena manifestación de duelo y dolor puso sin duda en un brete al Gobierno de Suárez en lo relativo a la legalización del PCE. Se hacía muy necesario que el partido fuera legalizado, en tanto en cuanto había manifestado su fuerza en las calles de forma pacífica en un contexto de violencia, puesto que habían sido asesinados compañeros de la organización y era bastante fácil que se buscara un ajuste de cuentas o una venganza en caliente. Por ello se debe destacar este hecho a su favor cuando finalmente el PCE fue legalizado el 9 de abril de 1977, dos meses y medio después de tan trágico suceso.

Es reseñable también apuntar a las conexiones internacionales de este atentado, especialmente con Italia ya que una de las armas utilizadas por los asesinos de los abogados de Atocha era un subfusil Ingram conocido popularmente como «Marietta». Y es que a inicios de los años setenta, una partida de estas armas perteneciente a la policía española fue desviada hacia grupos de extrema derecha italianos, usándose para asesinar al juez Vittorio Occorsio en el verano de 1976. Y atendiendo a las pruebas periciales de la policía sobre las armas usadas contra los abogados de Atocha, algunos agentes establecieron paralelismos con atentados llevados a cabo en Italia, pero antes de que pudieran concluir sus informes fueron apartados y destituidos de sus cargos.

Sin duda, estos hechos de finales de enero de 1977 supusieron un obstáculo enorme en el pedregoso camino de la Transición cuyo final pacífico no se vislumbraba. La violencia, la muerte y el miedo se instalaron en la sociedad española, que demostró que el terror no iba a amedrentarla en el ansiado camino hacia la democracia, la justicia, la paz y la libertad.

EL TERRORISMO DE LOS SERVICIOS SECRETOS Y DE LA OTAN: OPERACIÓN GLADIO.

En Europa occidental, los años setenta constituyeron el periodo más sangriento tras la IIª Guerra Mundial. Con los ecos de las guerrillas sudamericanas y de la todavía vigente guerra de Vietnam, surgieron en Europa numerosos grupos terroristas vinculados a la izquierda radical marxista cuyas reivindicaciones en pos de una refundación o destrucción del capitalismo económico y su lucha contra los “imperialismos europeos” se convirtieron en algunos de sus elementos característicos. Por supuesto, las formas utilizadas comenzaron desde los atracos a bancos y secuestros a la colocación y detonación de bombas o mediante una abierta lucha de guerrillas contra la policía o el ejército. Algunos de sus máximos ejemplos los encontramos en Irlanda con el Ejército del IRA, en Alemania Occidental con la Fracción del Ejército Rojo o las Brigadas Rojas en Italia.

De este modo, nos encontramos con un terrorismo muy activo y organizado en esos países cuyos gobiernos parecían incapaces de frenar las acciones violentas. Y por supuesto otro ejemplo es ETA, cuyas acciones terroristas habían comenzado en el tardofranquismo pero se recrudecieron en la década siguiente, lo que generó no solo un profundo temor social y político en el proceso de la Transición sino que hizo persistente la idea un posible golpe de Estado por parte de militares descontentos con la situación de España tras la muerte de Franco. Así pues, en una Europa que se iba conformando en una unión estable en términos comerciales y económicos, la existencia de un terrorismo vinculado a grupos izquierdistas era una amenaza para la estabilidad de los gobiernos, máxime cuando existía un miedo muy latente de una posible guerra nuclear con el bloque soviético. Y este último factor fue uno de los más importantes a la hora de conformar un contraataque gubernamental y parapolicial mediante la fórmula del “terrorismo por terrorismo”. De este modo, la OTAN y la CIA estadounidense en colaboración con agentes secretos del MI6 inglés, militares, mercenarios y terroristas ultraderechistas europeos diseñaron la llamada Operación Gladio, una acción subversiva y activada mediante unos protocolos secretos que se iniciaron en 1952 y que iba a encontrar apoyo logísticos con algunas fuerzas policiales –como la italiana- con el fin de acabar con el terrorismo izquierdista mediante acciones armadas y para prepararse, llegado el caso, a una eventual invasión soviética en Europa occidental.

Resultan muy conocidas y estudiadas las distintas conexiones y colaboraciones entre distintos grupos de extrema derecha en Europa, como entre los españoles Guerrilleros de Cristo Rey y Fuerza Nueva con el Movimiento Social Italiano, el partido de Giorgio Almirante. A este respecto, cabe señalar que entre el 11 y el 17 de septiembre de 1972 se produjeron una serie de encuentros y reuniones en la ciudad italiana de Pescara entre miembros de Fuerza Nueva y el Fronte de la Gioventú, la rama juvenil del MSI, lo que da idea de la concordia y de las buenas relaciones existentes. Esta coordinación armada se manifestó de forma violenta en los sucesos de Montejurra (1976) y en el atentado contra los abogados de Atocha (1977) en el colaboraron terroristas ultraderechistas españoles e italianos –Stefano Delle Chiaie por citar el más conocido- o argentinos, vinculados estos últimos a la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) y que participaron en las torturas y persecuciones políticas y sociales practicadas por Videla durante su golpe de Estado y en su posterior dictadura. Y para ejemplificar esa colaboración se debe reseñar que una pistola utilizada durante el asesinato de los abogados en España fue usada posteriormente en el atentado contra un juez italiano por parte de neofascistas transalpinos.

Y sería Italia, precisamente, donde la red Gladio se manifestó con mayor virulencia debido a una conjunción de factores. En primer lugar hay que señalar la histórica fortaleza del Partido Comunista Italiano desde el final de la Segunda Guerra mundial, algo que se mantuvo durante la década de los años setenta con la dirección de Enrico Berlinguer desde marzo de 1972. En ese momento, el PCI encabezó la línea rupturista frente a las tesis ortodoxas del marxismo soviético y apostó por un eurocomunismo en Europa y el llamado “compromesso storico” en Italia, pactando con la Democracia Cristiana a favor de una estabilidad política en un momento en el que el país se veía azotado por una grave crisis económica, social y política, con gobiernos que en ocasiones apenas duraban meses o incluso semanas. A esta situación hay que añadir la intensa actividad terrorista por parte de la extrema izquierda (Brigadas Rojas con el secuestro de Aldo Moro) y de grupos neofascistas nacionales con apoyos extranjeros que sufrió Italia durante toda la década de los setenta, una época conocida como “Anni di piombio”. Y por último, no se puede obviar la situación geopolítica de Italia, puesto que en el contexto de la Guerra Fría ni la CIA ni la OTAN iban a permitir que hubiera un gobierno comunista que sirviera a los intereses de la URSS haciendo que éstos dispusieran de una extraordinaria salida al mar y controlar casi la totalidad del Mediterráneo y del norte de África, en un momento en el que la propia URSS proporcionaba ayuda económica y armas a países africanos envueltos en sus guerras independentistas.

Por lo tanto, la CIA, junto a militares de alta graduación de la OTAN proporcionaron armas, explosivos, apoyo logístico como pisos francos y dinero a grupos neofascistas italianos para que ejercieran operaciones ilegales e indiscriminadas de contraterrorismo en colaboración de la policía italiana con el fin de acabar no solo con grupos terroristas como las Brigadas Rojas, sino también para minar el poder del PCI mediante el uso de atentados. Un ejemplo trágico de ello fue el atentado de Piazza Fontana en Milán, ocurrido el 12 de diciembre de 1969. Una explosión en la Banca Nacional de Agricultura se saldó con 17 muertos y 88 heridos. Además se produjeron explosiones en otros puntos de la capital lombarda así como en Roma. Las primeras investigaciones señalaron a grupos radicales de izquierdas vinculados al anarquismo, aunque posteriores revelaciones e indagaciones de jueces y fiscales italianos probaron la existencia de una compleja red internacional que cometió el atentado y trató de involucrar falsamente a grupúsculos anarquistas. Algo similar a lo que sucedió con posterioridad en la Matanza de Bolonia, ocurrida el 2 de agosto de 1980. Fue un salvaje atentado que costó la vida a más de ochenta personas –el peor acto terrorista ocurrido en Italia tras la Segunda guerra mundial- y que involucró a miembros de Ordine Nuovo junto a agentes del servicio secreto italiano. Acciones similares tuvieron lugar en Alemania con el atentado en la Oktoberfest de Múnich en 1980 o las masacres de Brabante entre 1982 y 1985 en Bélgica.

En realidad, lo que se pretendía con estas actuaciones de grupos neofascistas en Italia –y también en España con los salvajes atentados vinculados a la extrema derecha durante la Transición- es crear lo que se denominó “estrategia de tensión”, que consistía en crear un clima de desestabilización política y social de tal calibre que fuera necesaria la intervención militar mediante un golpe de Estado, tal y como llegaron a promover Fuerza Nueva en España u Ordine Nuovo, una escisión violenta y radical del MSI italiano. De hecho, la verdadera intención tras la muerte del estudiante Arturo Ruiz y de los abogados laboralistas de Atocha no fue el atentado en sí, sino provocar ese clima de inestabilidad gubernamental y de terror que hiciera necesaria una intervención militar que tomara el control de las instituciones. Pero la manifestación pacífica posterior al entierro de los fallecidos impidió tal hecho.

Finalmente, con la decadencia y colapso de la URSS junto al hecho de que no se pudo desestabilizar a los gobiernos de España ni de Italia, ni acabar con la fuerza de movilización del Partido Comunista Italiano, Gladio se convirtió en una red menos activa avanzada la década de los años ochenta aunque algunos de sus miembros continuaron con sus actividades terroristas, especialmente en América del Sur con la Operación Cóndor (que merece capítulo aparte).

Pero las investigaciones tampoco ayudaron a esclarecer en gran medida estas conexiones internacionales con la CIA ni con la OTAN. Sólo la declaración pública del presidente del Consejo de Ministros italiano Giulio Andreotti en 1990 puso en conocimiento de la existencia de la red Gladio a la opinión pública. Además, el Parlamento Europeo expuso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con fecha del 24 de noviembre de 1990 el reconocimiento oficial de la existencia de la red Gladio promovida por los servicios secretos de distintos países europeos en colaboración con la OTAN:

A. Considerando las revelaciones por parte de varios Gobiernos europeos acerca de la existencia desde hace cuarenta años de una estructura paralela de inteligencia y de acción militar clandestina en diversos Estados miembros de la Comunidad,

B. Considerando que esta estructura ha escapado durante más de cuarenta años a todo control democrático y que ha estado dirigida por los servicios secretos de los Estados afectados, en conexión con la OTAN,

C. Temiendo el peligro de que este tipo de redes clandestinas hayan podido, y puedan todavía hoy, intervenir ilegalmente en la vida política interna de los Estados miembros,

D. Considerando por otra parte que en determinados Estados miembros, algunos servicios secretos militares o ramas no controladas de los mismos se han visto envueltos en graves actos de terrorismo y de criminalidad, como ha sido probado en diversas investigaciones judiciales,

E. Considerando que dichas organizaciones han operado y operan al margen de toda legalidad, habida cuenta de que no puede ejercerse control parlamentario alguno sobre las mismas y de que, además, los más altos cargos gubernamentales y constitucionales de los diferentes países han declarado en varias ocasiones desconocer estos temas,

F. Considerando que las diferentes redes «GLADIO» se valen de arsenales y estructuras militares autónomas que pueden determinar una capacidad ofensiva desconocida y peligrosa para las estructuras democráticas de los países en que operan o han operado,

G. Muy preocupado por el hecho de que, precisamente en un momento en que se debate con insistencia la intensificación de la cooperación comunitaria en materia de seguridad, aparezcan organizaciones de decisión y operativas que quedan fuera de cualquier control democrático y, por lo tanto, dentro de la clandestinidad;

Pero a pesar de que en este propio documento se pedía el desmantelamiento de tales estructuras, así como una solicitud a las magistraturas y jueces para que investigaran, juzgaran y condenaran los hechos acaecidos y a sus responsables junto a la creación de comisiones parlamentarias para clarificar el alcance de la red Gladio, la realidad fue que ninguno de los responsables fue condenado por tales actos. Algunos agentes norteamericanos –como Michael Townley- y de la OTAN fueron investigados y apartados de sus funciones. Pero nunca cumplieron condena alguna. Únicamente se juzgó a dos terroristas neofascistas italianos, Stefano Delle Chiaie y Vincenzo Vinciguerra.

                                                                                                                                                        -Olof.

Link del Documento Oficial de las Comunidades Europeas:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1990_324_R_0186_01&from=ES

Nota: según las investigaciones de Daniele Ganser en su libro Los ejércitos secretos de la OTAN. La operación Gladio y el terrorismo en Europa occidental, el alcance de esta red se extendió por los siguientes países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal.