VIÑETAS SOBRE TIEMPOS TURBULENTOS (PARTE I)

   Este 1 de abril se han cumplido 80 años del final de la Guerra Civil española. Sobre este trágico acontecimiento -en el que gira todo el siglo XX español-, se harán eco diversos medios y se analizará desde diversas perspectivas: histórica, periodística, fotográfica o literaria…

   Y con toda seguridad, los medios de comunicación o la vertiente histórica obviarán el tratamiento de la guerra en los cómics y novelas gráficas. Porque estos medios, desde la década del año 2000, han plasmado la temática de la guerra de una forma muy variada. De hecho, por curioso que pueda parecer, el uso político y público sobre la Guerra Civil española ha ido aparejado con el número de volúmenes y obras gráficas publicadas sobre el conflicto bélico.

   Como se ve en este gráfico de Michel Matly, hubo una primera oleada de trabajos referidos sobre la Guerra Civil que comenzó en la Transición y llegó a cubrir toda la década de los años 80 hasta los primeros años de los noventa. Este auge de publicaciones coincidió con los primeros trabajos e investigaciones sobre la Guerra Civil a nivel académico y también con una pequeña y breve apertura del debate público sobre el periodo bélico, más allá del silencio que se quiso imponer a nivel político, ensalzando a los actores políticos de la Transición y haciendo todo lo posible por olvidar el pasado traumático, enterrarlo debajo de la alfombra y mirar hacia un futuro próspero y de concordia (Os suena esto, ¿verdad?)

   Vayamos a lo concreto. ¿Cómo y de qué manera se reflejó la Guerra Civil española en los primeros trabajos que trataban específicamente este periodo de nuestra historia?

   Un primer ejemplo lo encontramos en la tetralogía Eloy (Hernández Palacios, 1979, 1980, 1981, 1987), que utilizó una identificación conectiva al presentar a los republicanos como “nosotros” pero no a los enemigos, ya que los pertenecientes al bando franquista no aparecen personificados. Se plasman como “entes” que sirven de contrapeso al protagonista republicano. Aun así, intenta rehuir de polémicas sobre la guerra y presentarla como una situación muy excepcional de manera lineal.

   Por el contrario, hubo cómics vinculados a la extrema derecha, como la novela gráfica editada por Fuerza Nueva Setenta días en el infierno. La gesta en el Alcázar de Toledo (Carlos y Luis F. Crespo, 1978). Es un claro ejemplo de alegoría de esta batalla y ensalzamiento del bando franquista de una forma sesgada y parcial, demonizando al bando republicano.

   En los años 80, el tratamiento generalista y lineal sobre la guerra que se quiso dar en la década de los setenta varió levemente con comics como Emili Piula (Subirachs, 1980) o con la serie de ocho historietas publicadas en la revista Cimoc (Víctor Mora, 1986, 1987). Se abandonó la identificación «nosotros-republicanos», y se optó por otra más alejada y aséptica ejemplificada en un «ellos-republicanos», representándose además la guerra como una locura colectiva entre los dos bandos que no debiera repetirse en el futuro.

   La principal aportación del trabajo de Subirachs es que incluía a miembros de la Iglesia como actores protagonistas de la guerra, un hecho que “accidentalmente” se había obviado en obras anteriores.

   Pero este primer auge de cómics y novelas gráficas sobre la Guerra Civil no se tradujo en un mayor interés por parte de los lectores, editores ni para el público en general. Las publicaciones de los años ochenta sobre este tema pertenecían a editoriales muy pequeñas, casi marginales. La crisis de las grandes editoriales hizo que muchas de ellas desaparecieran, otras tuvieron que fusionarse o reconducir su temática mediante la contratación de autores muy consagrados cuyas obras tratarían temas más costumbristas, que no incomodasen a nadie. Además, durante el gobierno socialista se creó la idea (falsa pero perdurable) de que mirar al pasado traumático de la guerra, era algo incómodo y propio del cajón de la historia, que podía romper España. Había que mirar hacia el progreso y la modernidad (cerca estaban de celebrarse en 1992 los Juegos Olímpicos de Barcelona y la EXPO de Sevilla) y esconder bajo la alfombra toda mirada crítica sobre la Guerra Civil, para crear una concordia ficticia. Estos dos hechos fueron dos factores que produjeron en los años 90 una década de silencio y olvido de los cómics sobre la Guerra Civil española.

   Por suerte, en 1997 se publicó Un largo silencio de Francisco Gallardo, que supuso una ruptura del silencio historiográfico sobre la Guerra Civil por parte del mundo del cómic y de la novela gráfica, y aportó una nueva perspectiva al relatar la trayectoria vital de su padre en el conflicto –el miedo de la artillería, los fusilamientos en ambos bandos y el encierro en los campos de concentración del sur de Francia como exiliado–. Es un punto de vista novedoso que sirvió de ejemplo para futuras obras que explicaremos en otro momento. Otra de las novedades de este trabajo fue su formato de novela gráfica, ya que se presentó como una especie de cuaderno o diario junto a fotos y dibujos del padre del autor, algo similar a lo que hizo Art Spiegelman en Maus. Esta compilación de documentos personales intentaba dar verosimilitud a la historia y acortar la distancia entre la realidad traumática de la guerra y su representación gráfica. Además, Un largo silencio fue una de las obras pioneras en el tratamiento de la Guerra Civil desde el punto de vista de la memoria biográfica y supuso el inicio de una larga y próspera serie de cómics y novelas gráficas publicados ya en el siglo XXI cuyo valor y trasfondo fundamental será el de formar parte de la llamada “memoria histórica”.

DE ROJO Y NEGRO

Hace cuarenta años exactos, España afrontaba un periodo agitado y lleno de incertidumbres como fue el periodo de la Transición. Pero dentro de ella, la semana que transcurrió entre el 23 y el 30 de enero de 1977 fue sin duda la más convulsa, teñida de rojo sangre y de un negro de miedo que envolvió Madrid.

Las bandas terroristas ETA y el GRAPO continuaban con su escalada de la violencia –éstos últimos habían secuestrado en el mes de diciembre de 1976 al Presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y en enero de 1977 hicieron lo mismo con el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Emilio Villaescusa. Además, de fondo se oía el ruido de sables de militares descontentos con la situación del país, acechando para dar un golpe de Estado; numerosas huelgas y protestas de trabajadores de todos los sectores reclamando libertad y reconocimiento social eran un dolor de cabeza para el incipiente y frágil gobierno de Suárez y añadiendo más leña al fuego, la extrema derecha se hacía presente y visible dejando tras de sí un rastro de sangre y al mismo tiempo poniendo los clavos de su propio ataúd.

El 23 de enero, mientras participaba en una manifestación a favor de la amnistía, pistoleros vinculados a Guerrilleros de Cristo Rey –o a la Triple A, según diversas fuentes- irrumpieron armados en la marcha y asesinaron a Arturo Ruiz, de tan solo 19 años. Al día siguiente, la indignación por este hecho hizo que más de 100.000 personas participaran en las diversas manifestaciones y un número similar de universitarios hicieron paros totales de sus clases. Pero la represión policial también se manifestó con crudeza con el resultado de la muerte de María Luz Nájera cuando fue alcanzada en la cabeza por un bote de humo. Hubo también 12 heridos de diversa consideración debido a la actuación de la policía.

Al día siguiente se produjo uno de los sucesos que tuvo mayor impacto en la opinión pública española, como fue el atentado de los abogados laboralistas en Madrid, que se saldó con cinco fallecidos y cuatro heridos graves, y que estuvo realizado por miembros de Fuerza Nueva. Todos los abogados pertenecían al PCE y a CC.OO., y aunque el atentado fue reivindicado en un primer momento por la Triple A –Alianza Apostólica Anticomunista-, investigaciones posteriores determinaron que habían sido personas relacionadas con Fuerza Nueva. Dos de los miembros detenidos, F. Albaladejo y L. Jiménez, habían sido colaboradores en diversas tareas de la Guardia Civil, y además, el primero de ellos había sido nombrado secretario del Sindicato Provincial de Transportes de Madrid. En total fueron condenados siete ultraderechistas de Fuerza Nueva, Falange Española y la Guardia de Franco, que poseían importantes conexiones con determinados miembros policiales. Los autores materiales, J. Fernández Cerrá y C. García Juliá fueron condenados a 163 años de cárcel cada uno; F. Albaladejo a 63 años; L. Jiménez Caravaca a 4 años de cárcel –éstos dos últimos fallecieron en 1985-; y a Gloria Herguedas Herrando –novia de Fernández Cerrá- a un año como encubridora de los hechos. Otros participantes en el atentado fueron Simón Ramón Fernández Palacios –fallecido en abril de 1979- y Lerdo de Tejada –cuya madre era la secretaria personal de Blas Piñar-, se fugó gracias a un permiso de libertad extraordinario concedido por el juez que investigaba los hechos, Rafael Gómez Chaparro.

La base de este atentado, más allá de cuestiones ideológicas, formaba parte de la llamada «estrategia de tensión» que realizaron numerosos grupos de extrema derecha en la Europa de los años setenta, especialmente en Italia. Utilizando el terror como arma se buscaba crear un clima de desestabilización política y social que provocara en el caso italiano la caída del PCI. Aquí en España, el objetivo era favorecer un golpe de Estado que pusiera fin a la Transición y restituyera a los militares en el poder. Para ello era necesario provocar una reacción virulenta por parte del PCE, todavía ilegal en enero de 1977. A gran escala ese era el fin último del atentado. Por ello, el objetivo eran estos abogados laboralistas, que ofrecían sus servicios de forma gratuita en muchos casos y asesoraban a sindicatos que estaban a la sombra del todavía presente Sindicato Vertical de origen falangista.

Sin embargo, el duelo mostrado en el cortejo fúnebre de los abogados asesinados fue todo lo contrario de lo que pretendió la extrema derecha. Alrededor de 200.000 personas se manifestaron atendiendo a consignas de silencio total, calma y serenidad, añadiendo el hecho curioso de que la seguridad del acto estuvo a cargo de miembros del PCE, a cuyas órdenes se puso la propia policía. Aún así, se produjo un gran despliegue policial durante el cortejo fúnebre, incluyendo helicópteros o policías apostados en terrazas. También se debe destacar a las personalidades que acudieron a la capilla ardiente, tanto representantes provinciales de los Colegios de Abogados; el decano del Colegio de Abogados de Madrid, A. Pedrol, o el presidente del Consejo General de la Abogacía; como la presencia de políticos de la oposición: F. González, J. Satrústegui, E. Tierno Galván o S. Carrillo, secretario general del PCE.

La masiva y serena manifestación de duelo y dolor puso sin duda en un brete al Gobierno de Suárez en lo relativo a la legalización del PCE. Se hacía muy necesario que el partido fuera legalizado, en tanto en cuanto había manifestado su fuerza en las calles de forma pacífica en un contexto de violencia, puesto que habían sido asesinados compañeros de la organización y era bastante fácil que se buscara un ajuste de cuentas o una venganza en caliente. Por ello se debe destacar este hecho a su favor cuando finalmente el PCE fue legalizado el 9 de abril de 1977, dos meses y medio después de tan trágico suceso.

Es reseñable también apuntar a las conexiones internacionales de este atentado, especialmente con Italia ya que una de las armas utilizadas por los asesinos de los abogados de Atocha era un subfusil Ingram conocido popularmente como «Marietta». Y es que a inicios de los años setenta, una partida de estas armas perteneciente a la policía española fue desviada hacia grupos de extrema derecha italianos, usándose para asesinar al juez Vittorio Occorsio en el verano de 1976. Y atendiendo a las pruebas periciales de la policía sobre las armas usadas contra los abogados de Atocha, algunos agentes establecieron paralelismos con atentados llevados a cabo en Italia, pero antes de que pudieran concluir sus informes fueron apartados y destituidos de sus cargos.

Sin duda, estos hechos de finales de enero de 1977 supusieron un obstáculo enorme en el pedregoso camino de la Transición cuyo final pacífico no se vislumbraba. La violencia, la muerte y el miedo se instalaron en la sociedad española, que demostró que el terror no iba a amedrentarla en el ansiado camino hacia la democracia, la justicia, la paz y la libertad.

La inutilidad del saber histórico

“Como es sabido, los estudios universitarios de letras no ofrecen casi ninguna salida, salvo a los estudiantes más capacitados para hacer carrera en la enseñanza universitaria en el campo de las letras: se trata en resumidas cuentas de una situación bastante chusca en la que el único objetivo del sistema es su propia reproducción y que genera una tasa de deshechos superior al 95%.” Michel Houellebecq, Sumisión.

En la paupérrima y desnortada Europa del siglo XXI, sus habitantes deben ser conscientes de que la ideología del neoliberalismo impulsada por el mundo anglosajón en la década de los ochenta con Reagan en EE.UU. y Thatcher en Gran Bretaña acabó con la frágil socialdemocracia en prácticamente con la totalidad de los Estados europeos. Y este triunfo del capitalismo más salvaje ha afectado a todos los planos: desde la política a la economía –aunque a veces son un mismo ente- hasta a la sociedad civil en materia de sanidad o educación.

Llegados a este punto, es necesario poner de relieve el hecho de que el mercantilismo existente en todos los niveles de la sociedad afecta profundamente a esa factoría de trabajadores que algunos continúan llamando “universidad”. Precisamente, en este ámbito, las carreras de letras se están revelando como las más incapaces de dotar o establecer una mínima base competente de conocimientos a sus alumnos para que estos puedan encajar en el despiadado mercado laboral. Pongamos como paradigma de este hecho a la carrera de Historia. Aquellos que han cursado sus estudios la defienden a capa y espada bajo la premisa de que cumple una gran labor en cuanto proporciona una cultura democrática y una visión crítica de la sociedad y de todos los estamentos que forman parte de ella. Pero esta defensa rehúsa una abrumadora realidad: todo ser humano consciente y socializado con su entorno está politizado en mayor o menor grado y le resulta imposible afrontar el pasado histórico de una manera objetiva y real. Es entendible que se pueda alardear de la búsqueda obsesiva de la veracidad a tenor de los hechos y de las fuentes históricas pero la ideología, la presión social, el tener que contentar a fundaciones, asociaciones o editoriales y hasta el hecho de poder sobrevivir de los conocimientos adquiridos sin tener que recurrir a trabajos de semi esclavitud son barreras que impiden analizar la Historia con total veracidad y objetividad.

Y en cuanto a estructura de la carrera universitaria, Historia demuestra muchas de las deficiencias que muestra el sistema universitario español. Las materias, cuando no se solapan, presentan una enorme desigualdad en cuanto a duración y profundidad de enseñanza; todavía predomina el eurocentrismo –a pesar de que esta visión es criticada no se mueve un dedo por aportar unos conocimientos sobre África, Asia u Oceanía y sobre América solo se consigue que se pueda distinguir entre Estados Unidos y Argentina-; hay escasez de buenos docentes, de  medios tecnológicos y materiales debido a la falta de fondos económicos para obtenerlos; muchos profesores viven enclaustrados en sus cubículos, enrocados en unas enseñanzas que han quedado tan obsoletas como sus neuronas –otros representan el modelo del funcionario con altos índices de absentismo laboral-; o bien utilizan los fondos universitarios con el fin de ser plasmados en sus libros de autobombo sin que esto beneficie de alguna manera al alumnado ni por supuesto en la transmisión de conocimientos, la cual sigue instalada en las clases magistrales y el pronunciar o sugerir medios digitales provoca sudores fríos entre parte del profesorado.

Lógicamente, con estos medios de formación, buena parte del alumnado es también una muestra del fracaso educativo de España. A esta carrera llegan alumnos con profundas deficiencias ortográficas y de expresión oral y escrita, cuyo mayor talento se revela en vomitar contenidos o en el momento de copiar en los exámenes. Esta ilegalidad tampoco tiene base en la búsqueda de conocimientos históricos en manuales y libros sino que se recurre a la mayor fuente de sabiduría que es Wikipedia. ¿Puede resultar llamativo en un examen comprobar que un alumno que está mostrando una falta de conocimiento sobre la materia explique muy buen una pregunta o un tema concreto? ¿O que escriba el resultado de unas elecciones autonómicas y municipales no solo con el número de escaños de cada partido sino con el porcentaje exacto de votos? Si en ambos casos. ¿Resultaría fácilmente comprobable? Por supuesto. ¿Pero el profesor toma alguna medida? No. Pasemos página.

Algo de lo que si puede sentirse orgullosa la universidad pública española es en el hecho de que ha reflejado en ciertos aspectos la corrupción social del país. Los alumnos deben aprender que a la hora de afrontar una carrera como Historia no importan ni la cultura ni los conocimientos que van a adquirir sobre el pasado histórico. Su título vale menos que el clavo del que cuelgue. Lo más valioso es saber manejarse en las relaciones sociales con profesores con el único fin de medrar y poder hacerse un hueco en la universidad estableciéndose como una pieza de las relaciones clientelares. Un alumno/a válido intelectualmente y con grandes capacidades a la hora de transmitir conocimientos históricos o muy hábil en buscar nuevas formas de enseñanza, si no ha dedicado tiempo a cultivar estrechas relaciones con profesores pasará desapercibido, debido, entre otras cosas, a la falta de medios en el ámbito universitario para detectar y sacar el talento oculto. Pero por otra parte, si un alumno o alumna “cae en gracia” y dedica esfuerzos a seguir una línea de investigación inútil o banal pero que coincide con las anticuadas premisas de un profesor o profesora contará con todo el respaldo de ellos. A pesar de que se convertirá en un esclavo de las peticiones de los docentes, los cuáles tratarán de dejar su huella personal en el trabajo de su subordinado. Porque el ego que afecta a profesores se acaba extendiendo a sus “protegidos” que se afanan en demostrar su rigor histórico mediante una competitividad desaforada con sus semejantes en una auténtica ley de la selva Todo ello a pesar de que algunos presenten una incapacitación en el momento de articular una compleja estructura de expresión oral o escrita de forma coherente.

De este modo, el saber histórico, su transmisión y la adecuación de ambos con las nuevas tecnologías se revelan como una banalidad, una rémora, como algo que puede ser sustituido por una rápida consulta en internet sin necesidad de profundizar o de consultar en distintas fuentes. Ahora, esa profundidad de conocimientos es sustituida por las meras relaciones clientelares entre profesores y alumnos. No, mejor dicho entre patronos y trabajadores sin la adecuada remuneración. En eso se ha convertido la universidad. En una copia del mercado laboral.

-Olof.