LA NARRATIVA DE LA PISTOLA

Hace unos días acabé de leer Patria, la novela de Fernando Aramburu ambientada en el País Vasco durante los años de mayor actividad de ETA en la década de los ochenta y en los noventa. Un punto fundamental del libro es que viene a reflejar las tensiones y complejas relaciones sociales del terrorismo en el País Vasco poniendo el foco en un pequeño núcleo rural. De este modo, se atiende a cómo se percibía y vivía a ETA por parte de sus verdugos y víctimas en un ambiente cerrado e incluso dentro de las propias familias.

Quizás por ello, por haber abierto un camino nuevo en el relato del terrorismo etarra, Patria ha sido el libro del último año y de este mismo. Ahora bien, algunos han intentado ir más allá y encumbrar la novela haciendo de ella una obra canónica que marcará un antes y después sobre el fenómeno del terrorismo etarra en España. No niego que es un libro que aporta muchas novedades -los estudios históricos de la violencia de ETA se han realizado atendiendo a un orden cronológico o con el análisis de ETA como organización, desde su germen, escisiones y consolidación como banda terrorista en los años ochenta frente a otras organizaciones-; ya que Aramburu se inclina por el estudio del tejido social del terrorismo cuando este marcaba los pasos frente a las indefensas víctimas y de cómo las relaciones vecinales se modificaban si alguien era primero señalado y luego asesinado. Pero este tema ya ha sido abordado en numerosas ocasiones de forma individual o por asociaciones de víctimas de ETA como COVITE, que han relatado en numerosas ocasiones el ambiente opresivo que se respiraba en el País Vasco en los años setenta y ochenta o cómo se afrontaba el hecho de que un familiar, vecino o amigo entrara a formar parte de ETA o fuera una víctima del terrorismo. Patria puede servir de amplificador de sus vivencias, recuerdos o memorias, pero en esto la novela no presenta nada original. Tal vez solo que su relato pueda escucharse más alto o llegar a un público más amplio.

Pero me temo que a corto o medio plazo nada va a cambiar. Se está corriendo el riesgo de -como se hizo a gran escala con el Nazismo en Alemania tras la IIª guerra mundial o con la Transición en España- sepultar la memoria y el recuerdo de las víctimas en favor de un rápido y muy frágil olvido. En los años ochenta hubo un debate histórico y filosófico muy intenso y polémico en la Alemania occidental sobre la cuestión del nazismo, puesto que las nuevas generaciones se empezaron a preguntar y a cuestionar su pasado ante el olvido deliberado de las autoridades gubernamentales. Y en el País Vasco puede suceder otro tanto. Está por ver cómo se aborda y desde qué puntos de vista se hace un estudio del fenómeno del terrorismo incluyendo el relato de las víctimas y si se hace desde dentro, por historiadores o sociólogos de la Universidad del País Vasco.

Porque, aunque ETA tenía la capacidad de movilización y organización para atentar en distintos puntos de España como Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla o en el Levante español, era también un terrorismo socialmente opresivo que se ejercía en las calles de los pueblos y ciudades vascas. En los mercados, en los parques, y por supuesto en las “herriko tabernas”. Y no solo con las pistolas, sino también con las palabras y gestos. Mucho más sutiles, pero terriblemente efectivos.

Por tanto, los estudios históricos sobre ETA deben venir también desde dentro, por aquellos que han conocido mejor el clima de miedo y terror asfixiante que se realizaba hacia las víctimas y aportar un punto de vista sociológico a la violencia. Si ocurre lo contrario -y parece que seguirá así a tenor de que apenas hay nuevas publicaciones históricas en fechas recientes- se corre el riesgo de sepultar la memoria bajo escombros de tierra y olvido que dará lugar a una paz frágil en el momento de cuestionarse el pasado y su narrativa.

DE ROJO Y NEGRO

Hace cuarenta años exactos, España afrontaba un periodo agitado y lleno de incertidumbres como fue el periodo de la Transición. Pero dentro de ella, la semana que transcurrió entre el 23 y el 30 de enero de 1977 fue sin duda la más convulsa, teñida de rojo sangre y de un negro de miedo que envolvió Madrid.

Las bandas terroristas ETA y el GRAPO continuaban con su escalada de la violencia –éstos últimos habían secuestrado en el mes de diciembre de 1976 al Presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y en enero de 1977 hicieron lo mismo con el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Emilio Villaescusa. Además, de fondo se oía el ruido de sables de militares descontentos con la situación del país, acechando para dar un golpe de Estado; numerosas huelgas y protestas de trabajadores de todos los sectores reclamando libertad y reconocimiento social eran un dolor de cabeza para el incipiente y frágil gobierno de Suárez y añadiendo más leña al fuego, la extrema derecha se hacía presente y visible dejando tras de sí un rastro de sangre y al mismo tiempo poniendo los clavos de su propio ataúd.

El 23 de enero, mientras participaba en una manifestación a favor de la amnistía, pistoleros vinculados a Guerrilleros de Cristo Rey –o a la Triple A, según diversas fuentes- irrumpieron armados en la marcha y asesinaron a Arturo Ruiz, de tan solo 19 años. Al día siguiente, la indignación por este hecho hizo que más de 100.000 personas participaran en las diversas manifestaciones y un número similar de universitarios hicieron paros totales de sus clases. Pero la represión policial también se manifestó con crudeza con el resultado de la muerte de María Luz Nájera cuando fue alcanzada en la cabeza por un bote de humo. Hubo también 12 heridos de diversa consideración debido a la actuación de la policía.

Al día siguiente se produjo uno de los sucesos que tuvo mayor impacto en la opinión pública española, como fue el atentado de los abogados laboralistas en Madrid, que se saldó con cinco fallecidos y cuatro heridos graves, y que estuvo realizado por miembros de Fuerza Nueva. Todos los abogados pertenecían al PCE y a CC.OO., y aunque el atentado fue reivindicado en un primer momento por la Triple A –Alianza Apostólica Anticomunista-, investigaciones posteriores determinaron que habían sido personas relacionadas con Fuerza Nueva. Dos de los miembros detenidos, F. Albaladejo y L. Jiménez, habían sido colaboradores en diversas tareas de la Guardia Civil, y además, el primero de ellos había sido nombrado secretario del Sindicato Provincial de Transportes de Madrid. En total fueron condenados siete ultraderechistas de Fuerza Nueva, Falange Española y la Guardia de Franco, que poseían importantes conexiones con determinados miembros policiales. Los autores materiales, J. Fernández Cerrá y C. García Juliá fueron condenados a 163 años de cárcel cada uno; F. Albaladejo a 63 años; L. Jiménez Caravaca a 4 años de cárcel –éstos dos últimos fallecieron en 1985-; y a Gloria Herguedas Herrando –novia de Fernández Cerrá- a un año como encubridora de los hechos. Otros participantes en el atentado fueron Simón Ramón Fernández Palacios –fallecido en abril de 1979- y Lerdo de Tejada –cuya madre era la secretaria personal de Blas Piñar-, se fugó gracias a un permiso de libertad extraordinario concedido por el juez que investigaba los hechos, Rafael Gómez Chaparro.

La base de este atentado, más allá de cuestiones ideológicas, formaba parte de la llamada «estrategia de tensión» que realizaron numerosos grupos de extrema derecha en la Europa de los años setenta, especialmente en Italia. Utilizando el terror como arma se buscaba crear un clima de desestabilización política y social que provocara en el caso italiano la caída del PCI. Aquí en España, el objetivo era favorecer un golpe de Estado que pusiera fin a la Transición y restituyera a los militares en el poder. Para ello era necesario provocar una reacción virulenta por parte del PCE, todavía ilegal en enero de 1977. A gran escala ese era el fin último del atentado. Por ello, el objetivo eran estos abogados laboralistas, que ofrecían sus servicios de forma gratuita en muchos casos y asesoraban a sindicatos que estaban a la sombra del todavía presente Sindicato Vertical de origen falangista.

Sin embargo, el duelo mostrado en el cortejo fúnebre de los abogados asesinados fue todo lo contrario de lo que pretendió la extrema derecha. Alrededor de 200.000 personas se manifestaron atendiendo a consignas de silencio total, calma y serenidad, añadiendo el hecho curioso de que la seguridad del acto estuvo a cargo de miembros del PCE, a cuyas órdenes se puso la propia policía. Aún así, se produjo un gran despliegue policial durante el cortejo fúnebre, incluyendo helicópteros o policías apostados en terrazas. También se debe destacar a las personalidades que acudieron a la capilla ardiente, tanto representantes provinciales de los Colegios de Abogados; el decano del Colegio de Abogados de Madrid, A. Pedrol, o el presidente del Consejo General de la Abogacía; como la presencia de políticos de la oposición: F. González, J. Satrústegui, E. Tierno Galván o S. Carrillo, secretario general del PCE.

La masiva y serena manifestación de duelo y dolor puso sin duda en un brete al Gobierno de Suárez en lo relativo a la legalización del PCE. Se hacía muy necesario que el partido fuera legalizado, en tanto en cuanto había manifestado su fuerza en las calles de forma pacífica en un contexto de violencia, puesto que habían sido asesinados compañeros de la organización y era bastante fácil que se buscara un ajuste de cuentas o una venganza en caliente. Por ello se debe destacar este hecho a su favor cuando finalmente el PCE fue legalizado el 9 de abril de 1977, dos meses y medio después de tan trágico suceso.

Es reseñable también apuntar a las conexiones internacionales de este atentado, especialmente con Italia ya que una de las armas utilizadas por los asesinos de los abogados de Atocha era un subfusil Ingram conocido popularmente como «Marietta». Y es que a inicios de los años setenta, una partida de estas armas perteneciente a la policía española fue desviada hacia grupos de extrema derecha italianos, usándose para asesinar al juez Vittorio Occorsio en el verano de 1976. Y atendiendo a las pruebas periciales de la policía sobre las armas usadas contra los abogados de Atocha, algunos agentes establecieron paralelismos con atentados llevados a cabo en Italia, pero antes de que pudieran concluir sus informes fueron apartados y destituidos de sus cargos.

Sin duda, estos hechos de finales de enero de 1977 supusieron un obstáculo enorme en el pedregoso camino de la Transición cuyo final pacífico no se vislumbraba. La violencia, la muerte y el miedo se instalaron en la sociedad española, que demostró que el terror no iba a amedrentarla en el ansiado camino hacia la democracia, la justicia, la paz y la libertad.