Es triste pero es cierto. Según un informe redactado por el relator argentino de las Naciones Unidas Pablo de Greiff, España es el segundo país del mundo tras Camboya en tener el mayor número de fosas comunes sin estudiar, sin investigar y sin abrir. En nuestro país, tras una sangrienta Guerra civil se generó en la dictadura franquista una “cultura de los sometidos” respecto no solo a los vencedores del conflicto, sino en concreto hacia aquellas personas que, en pequeños pueblos y aldeas de España habían salido más favorecidas tras el conflicto. Terratenientes o incluso miembros del clero vieron elevada su posición moral y su poder como influencia sobre aquellas personas o familias que perdieron sus tierras, sus casas o las vidas de familiares. Se retomaban en cierta manera las relaciones sociales de la Edad Media. Señores sometiendo a vasallos. Los silencios eran santo y seña. No había que remover el pasado reciente aunque una familia, por su pertenencia, cercanía o simpatía con la causa republicana quedara señalada de por vida.
Es triste pero cierto. Ese sometimiento se mantuvo sociológicamente a lo largo de la dictadura franquista, especialmente en el entorno rural. Es cierto que las sacas y los paseos fueron un hecho común en ambas retaguardias a lo largo del conflicto armado por parte de ambos bandos. Pero el hecho diferenciador viene del reconocimiento que se produjo a lo largo del franquismo, en el que todos los ajusticiados pertenecientes al contingente sublevado fueron reconocidos tanto a nivel gubernamental como por la propia Iglesia española. Ello se expresó a través de la construcción de numerosos memoriales a los “caídos” en Madrid, Pamplona, Baleares, en el entorno donde se desarrollaron las batallas más sangrientas como en la zona del Bajo Ebro y también en la entrada de cada iglesia. Allí, era frecuente encontrar una placa encabezada por el símbolo de Falange y con el lema “Caídos por Dios y por España” a la que seguía una lista de los nombres de los fallecidos franquistas.
Es triste pero cierto. Tras la muerte de Franco en 1975 –con el mantenimiento de las estructuras de la dictadura hasta el cambio de Gobierno con la entrada de Suárez en el verano de 1976-, España afrontó un periodo trascendental para su futuro al llevar a cabo una reforma política, económica, social y cultural que le permitiera convertirse en una democracia plena al nivel del conjunto de países de Europa Occidental. Pero durante la Transición, las víctimas y familiares que sufrieron en sus carnes la represión franquista encontraron silencios, Es cierto que el castigo, la muerte y la humillación estaban muy recientes y que cualquier decisión de tal calibre podía abrir heridas que seguían abiertas. Y había fuerzas políticas, policiales y militares dispuestas a entorpecer y derribar el tortuoso camino hacia la democracia mediante una “estrategia de tensión”.
Es triste pero cierto. La Ley de Memoria Histórica promovida durante el Gobierno socialista de Rodriguez Zapatero y aprobada el 31 de octubre del año 2007 fue un paso necesario para el reconocimiento de las víctimas y de la barbarie de la Guerra civil española. Porque no fue un mero conflicto bélico. Fue una lucha entre el progreso y lo reaccionario, una lucha entre clases, ideologías y culturas; una lucha entre creencias religiosas y entre la forma de visualizar el futuro político de España. Pero esta Ley generó una reacción furibunda por parte del Partido Popular junto a los medios de comunicación conservadores, especialmente diarios como La Razón o el diario ABC. Se argumentó que iba a reabrir viejas heridas, que era revanchismo socialista por haber perdido la guerra, que propiciaba una visión sesgada y que suponía un retroceso político y social que la Transición había logrado superar. Incluso se indicó que el coste de cambiar los nombres de calles y plazas de ciudades y pueblos iba a resultar inasumible para el erario público. En pocas palabras: España se rompía.
Es triste pero cierto. La llegada del Partido Popular al gobierno a finales del 2011 puso fin a la búsqueda de restos de fosas comunes y detuvo el proceso de cambio en las nomenclaturas de vías urbanas. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy redujo más de la mitad del presupuesto anual para esta ley y suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Y para los años 2013 y 2014 anuló toda partida presupuestaria para la Ley de Memoria Histórica. Al mismo tiempo, se produjeron declaraciones tan repugnantes como la realizada por el diputado popular Rafael Hernando en el programa El cascabel al gato del canal católico 13tv, en las que aseguraba que “los familiares de las víctimas del franquismo sólo se acuerdan de ellos cuando hay subvenciones”. Su comentario solo fue rebatido por una de las seis personas presentes en el debate de la emisión televisiva. El resto jaleaba. El presentador daba paso a publicidad.
Es triste pero cierto. Si no es por la Justicia argentina –que investiga los crímenes del franquismo con el trabajo de la jueza María Servini- Ascensión Mendieta, a sus noventa años, no hubiera logrado que la semana pasada se abriera la fosa donde estaba enterrado su padre, fusilado en Guadalajara en 1939. Pero su loable empeño despierta recelos y su tesón es relegado en los medios de comunicación. España permanece impasible mientras bajo tierra, víctimas de la represión permanecen olvidadas. No se trata de revancha ni de abrir heridas, sino de que todas las víctimas tengan el mismo reconocimiento y sus familiares, muchos años después, no tengan que vivir con una carga de humillación, desamparo y silencio. Se trata de romper definitivamente el duelo, de dar un entierro digno, de saber dónde están los familiares más cercanos. Se trata de un acto de humanidad y de justicia. Porque a día de hoy, en 2016, mientras se mantiene el Valle de los Caídos como un lugar de exaltación de la dictadura franquista, muchas personas desconocen la ubicación de los restos de sus familiares.
Es triste pero cierto.
Enlace a una entrevista y vídeo sobre la apertura de la fosa del padre de Ascensión Mendieta:
-Olof.
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